Denise Dresser: ¿Reelegir a estos?

En México comienza a debatirse un tema tabú: la reelección de legisladores y presidentes municipales. En aras de contribuir a la reflexión sobre el tema he agrupado los principales argumentos en contra, y ante ellos presento mis contra-argumentos a favor.

Argumento 1: “¿Para qué reelegir a los legisladores si son realmente pocos los comprometidos con el pueblo que los eligió?”.

Esa falta de compromiso es producto natural del modelo actual. La ausencia de reelección produce diputados cuyo destino depende más de los dirigentes de sus partidos que del voto popular. La falta de reelección engendra congresistas que carecen de incentivos para escuchar a sus supuestos representados. México rota élites pero no representa ciudadanos. México asegura la competencia entre partidos pero no los obliga a rendir cuentas. Y esto sólo se consigue con la reelección –una medida que no es suficiente en sí misma para remediar todos los males de la democracia mexicana, pero es una condición necesaria para comenzar a encararlos.

Argumento 2: “Los congresistas mexicanos son soldados de los partidos políticos, no representantes populares”.

Sin reelección, los legisladores continuarán actuando sin atender a sus representados, sin calibrar las consecuencias de sus actos, sin medir el volumen de sus gastos, sin recibir sanción por sus abusos. El Congreso –tal y como funciona hoy– no representa los intereses de los mexicanos, sino los intereses de las cúpulas partidistas o los poderes fácticos precisamente porque no hay reelección. La reelección ataría a los legisladores a las agendas ciudadanas. La reelección –con límites establecidos– serviría como un mecanismo democrático de supervisión.

Argumento 3: “El Congreso no asume un papel constructivo; reelegirlo sería perpetuar la ineficiencia”.

La consigna del pasado “Sufragio Efectivo, No Reelección” ha producido un panorama perverso en el cual el sufragio lleva a un diputado al Congreso sin que después pueda vigilarse lo que hace allí. Al no haber reelección, no existe la posibilidad de profesionalización. Al no haber reelección, los amateurs dominan la discusión. Al no haber reelección, quienes llegan al Congreso no lo hacen para quedarse, para crecer, para aprender. Llegan como bonsáis y se van del mismo tamaño.

Argumento 4: “Nos regresaría a tiempos porfiristas. La Revolución Mexicana se libró bajo el principio de ‘Sufragio Efectivo, No Reelección”.

Hay demasiados mexicanos indoctrinados con sus libros de texto gratuito, a los cuales generación tras generación se les ha enseñado a creer que la Revolución se libró bajo el principio de “No Reelección”. Pero era la no reelección de Porfirio Díaz. La Constitución de 1917 permitía la reelección, pero el PRI después la eliminó precisamente para instaurar el sistema que tenemos hoy a pesar de la alternancia. Un andamiaje creado para permitir la rotación de élites impunes. Para preservar las parcelas de poder de las élites. Para recompensar la lealtad. Y poco a poco se ha convertido en una cleptocracia rotativa que la democracia ha hecho poco para desmantelar. Como nadie tiene que pelear para reelegirse, nadie tiene que mantener las manos limpias.

Argumento 5: “Al no haber reelección nos aseguramos de que sólo se queden en el puesto –y roben en él– tres o seis años”.

En México no hay reelección pero sí hay trampolín. Cada tres años, entran diputados y salen otros; cada seis años, entran senadores y salen otros. Aterrizan en el presupuesto público, viven de las partidas de los partidos, hacen como que legislan y después se van. Saltan de la Cámara de Diputados al Senado y de allí a una presidencia municipal o a una diputación local, para regresar eventualmente al Congreso. Hacen todo eso sin haber rendido cuentas jamás porque no existe un mecanismo para castigarlos si no cumplen.

Argumento 6: “Más que la rendición de cuentas, la reelección sería la rendición ante las cuotas de representación”.

Con demasiada frecuencia la democracia mexicana termina capturada por poderes fácticos porque no cuenta con el contrapeso de la ciudadanía. Como la supervivencia política de un diputado no depende de la reelección en la urnas, sino de la disciplina partidista y la buena relación con Televisa y TV Azteca, los partidos acaban embolsados. Este comportamiento condenable existe y persiste, pero no porque la clase política mexicana tenga una propensión genética a la corrupción descubierta al descifrar el genoma mexicano. El problema no es cultural, sino institucional; los políticos en México se comportan así porque pueden. Porque no hay suficientes mecanismos institucionales para acotar el poder de los partidos –o de sus dueños– y aumentar el poder de quienes, con su voto, los eligieron.

Argumento 7: “La reelección de alcaldes sería una invitación abierta para el desvío del presupuesto con fines electorales, políticos y personales”.

Esos desvíos ya ocurren, y sin sanción. Todos gastan y nadie vigila. Hay pocos puestos mejores sobre el planeta que el de un político mexicano, ya sea diputado, senador o presidente municipal. No tiene que trabajar para cobrar su sueldo ni tiene que rendir cuentas para conservarlo. No tiene que explicar el sentido de su voto en el Congreso ni tiene que estar presente para otorgarlo. No tiene que responder a las necesidades del electorado ni establecer una relación con él. Puede ser abogado privado y político, boxeador y político, playboy y político, personaje de Big Brother y político, incompetente y político. Saltará a otro puesto al final de su periodo, independientemente de lo que haga allí.

Argumento 8: “Nuestra democracia no es lo suficientemente buena para adoptar la reelección; no estamos listos”.

Esta lógica perpetúa el excepcionalismo contraproducente del “Como México no hay dos”. ¿Para qué emular a los demás? ¿Para qué aspirar a ser mejores? ¿Para qué renunciar al orgullo de la extravagancia? ¿Para qué ser como esos países que dan derechos a sus ciudadanos y les rinden cuentas? ¿Para qué ser como esos gobiernos que generan el crecimiento económico y combaten la corrupción y promueven el interés público? Si México es tan excepcional gracias a la no reelección…

Argumento 9: “La reelección es un argumento ‘políticamente correcto’ y México no tiene por qué apoyarlo”.

En efecto, la reelección es un instrumento ‘políticamente correcto” que ha durado más de 200 años; una moda de las democracias parlamentarias que decidieron empoderar a sus ciudadanos y erigir instituciones que los representaran; una moda con razón de ser, tan universal como la ropa interior y los zapatos. Una moda que 187 países –con la excepción de México y Costa Rica– han adoptado. Un derecho esencial que el sistema político priista quitó a los mexicanos que ahora creen que no lo necesitan.

Argumento 10: “Con la reelección, el narcotráfico y los poderes fácticos se infiltrarían en las elecciones”.

Ese no es un argumento suficiente para desacreditar la reelección. Si lo fuera, la reelección no existiría en ninguna parte y existe en todas excepto en Costa Rica y aquí. Junto con ella habría que instituir mecanismos para controlar el influjo del dinero en las campañas, tal y como lo hacen otros países. Junto con ella habría que crear reglas para que no vuelva a repetirse lo que México ya padeció: los Amigos de Fox y el Pemexgate y la Ley Televisa y tantos otros ejemplos de compra y captura e infiltración. Hoy los poderosos ya han capturado a los políticos; hoy el dinero privado ya compra funcionarios públicos. Y eso ocurre sin la reelección legislativa, lo cual coloca al país en el peor de los mundos: una clase política al servicio de intereses económicos poderosos y sin rendición de cuentas.

Argumento 11: “No se debe promover la reelección porque la población se opone a ella”.

Pero a veces es imperativo mostrar un poco de liderazgo. Tomar decisiones impopulares por el bien de la democracia. Hacer lo que han hecho otros líderes en contra de la opinión pública prevaleciente en sus países: abolir la esclavitud, otorgar el sufragio a las mujeres, reconocer los derechos civiles de los afroamericanos, eliminar el apartheid. Gobernar para la historia y no para el partido.

Argumento 12: “La reelección no resolvería los múltiples problemas de la democracia mexicana”.

Es cierto, la reelección legislativa no resuelve el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo; no resuelve la falta de acuerdos. Tampoco cura el acné o previene la caída del cabello. La reelección no es una panacea para todos los males ni busca serlo. Es un instrumento diseñado para acotar el poder de los partidos y aumentar el poder de los ciudadanos. Es un mecanismo que permite castigar a los legisladores que aumentan los impuestos, a quienes otorgan exenciones fiscales a Televisa, a quienes eliminan candados a la fiscalización del gasto, a quienes ejercen el poder de manera impune.

Quienes se oponen a la reelección legislativa quieren desviar la atención de un problema central. El poder en México está concentrado en un manojo de partidos corruptos. El poder está en manos de un grupo de políticos que se rehúsan a ser juzgados. Los partidos corruptos y los políticos opacos producen malos gobiernos. Los malos gobiernos no proveen bienes públicos para su población. No producen empleo ni garantizan la seguridad ni respetan los derechos civiles. Por ello México no cambia aunque sus habitantes quieren que lo haga.

Y no cambiará mientras su clase política siga imponiendo la voluntad de algunos sobre el destino de muchos. Mientras haya tantos que no quieren someterse al escrutinio de los electores, que no quieren enfrentarse a quienes votaron por ellos, que no quieren regresar a sus distritos para explicar lo que hicieron con su tiempo y con el dinero de los contribuyentes. Porque viven muy bien así. Porque cobran muy bien así. Porque saltan de un puesto a otro muy bien así. Porque controlan al país muy bien así. Porque mantienen maniatados a sus habitantes muy bien así.

Esa seguirá siendo la situación mientras el sistema político funcione para rotar a cuadros partidistas en vez de representar a ciudadanos. Mientras los partidos rechacen la reelección legislativa porque no quieren perder el control ni compartir el poder. Mientras los legisladores se rehúsen a ser juzgados. Mientras los “representantes populares” prefieran quedar bien con Manlio Fabio Beltrones o con Beatriz Paredes o con Elba Esther Gordillo o con Televisa o con Carlos Slim o con Enrique Peña Nieto antes que quedar bien con quienes los eligieron.

Denise Dresser: Contragolpe (acerca del aborto)

Se ve, se siente, se percibe, se padece. La reacción. La resaca. El acoso a las mujeres de México en ya 17 estados del país que han decidido criminalizan el aborto. Y se dice que esta regresión es producto de una embestida contra el Estado laico, y del oportunismo político del PRI, y de los pactos de Beatriz Paredes con la jerarquía eclesiástica. Pero a pesar de que estas explicaciones tienen una parte de razón, obscurecen una verdad más profunda y más perversa. En los últimos años las mujeres de este país han presenciado un poderoso contragolpe a sus derechos; han sido víctimas de un esfuerzo para retractar el manojo de victorias ganadas y avances logrados. Obtienen el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos en el Distrito Federal, y en otras latitudes se les castiga por ello. Al intento de independencia le sigue el macanazo; el empoderamiento va acompañado del encarcelamiento. El contragolpe no se da porque las mujeres hayan obtenido el pleno respeto a sus derechos, sino porque insisten en esa posibilidad.

Y no proviene tan sólo de la colusión de los líderes políticos del PAN y del PRI con la jerarquía católica. Se ve reflejado en el silencio cómplice del Congreso, en el silencio ominoso de la mayor parte de los medios masivos de comunicación, en la posición paternalista de gobernadores que quieren confinar a las mujeres a hospitales psiquiátricos para protegerlas de sí mismas. Detrás de cada ley restrictiva, de cada condena impuesta, de cada derecho cercenado hay un esfuerzo concertado para regresar a las mujeres a un lugar “aceptable” –ya sea la cocina o la cama o el cabús o el asiento de atrás–. Por eso se les discrimina, se les acuchilla, se les apedrea, se les apuñala, se les asfixia, se les estrangula. Por eso un número creciente de estados prohíbe el aborto aún en casos de incesto o violación o riesgos de salud para la madre. Porque las mujeres han empezado a ocupar espacios prohibidos, a reclamar derechos ignorados, a exigir la equidad, a salirse del rebaño.

Y a los hombres no les gusta. A los patriarcas les molesta el cambio del balance en el poder de las relaciones hombre-mujer. El subtexto escondido del movimiento antiabortista es uno de miedo, de ansiedad. Los diputados y los sacerdotes y los esposos claman por los fetos “asesinados”, pero su dolor verdadero proviene de otro lugar. De la dislocación social y económica que sufren cuando las mujeres comienzan a independizarse, a trabajar, a ganar control de sus espacios y de sus vidas. Del poder que desata en una mujer la posibilidad de terminar con un embarazo no deseado de manera legal y segura. De la revolución en el comportamiento femenino que trae consigo la despenalización. Frenar el aborto se vuelve una forma de frenar a las mujeres que aspiran a la equidad. Impedir el derecho a decidir se vuelve una manera de impedir el derecho a ser.

Para poder trabajar, para poder educarse, para poder aspirar a más, una mujer necesita contar con la capacidad de determinar si y cuándo quiere tener hijos. Quienes buscan arrebatarle esa capacidad quieren ponerla en su lugar.
Un lugar de segunda categoría. Un lugar pasivo. Un lugar para callar, obedecer, sacrificar, servir la comida, esquivar el golpe. Un lugar tradicional para que legisladores y los jueces y los curas y los gobernadores y los machos y los mochos puedan dormir tranquilos. Las mujeres de 17 estados en una República que se dice laica, convertidas en úteros inanimados donde flota el feto al cual se le debe proteger más que a quien lo carga dentro. Las mujeres de 17 estados en un país que se dice democrático, obligadas a recurrir a agujas de tejer y clínicas clandestinas y condiciones insalubres, en busca de algo que el Estado no debería penalizar sino garantizar. El derecho a tomar decisiones propias sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, sin la imposición de un esposo. Un padre. Un hermano. Un novio. Un sacerdote. Hombres tan asustados por el reconocimiento de ese derecho en el D.F., que ahora buscan negarlo en cualquier otra parte.
La única manera de combatir el contragolpe será a través de la organización. La única forma de resistirlo será mediante la movilización. No importa cuánto tiempo tome, ni cuántas batallas se pierdan en el camino, ésta se ganará. Marchando, confrontando, transformando los términos del debate público, marcando la agenda e influenciando su evolución. Las mujeres de México a veces parecen ignorar el peso de su presencia formidable o no saben cómo usarla. Pero pueden y deben actuar. Porque tienen derecho a derribar las paredes de su celda, a hacer historia. Porque la demografía y las condiciones del mercado laboral y el imperativo de construir un futuro mejor para sus hijas y los artículos 1 y 4 de la Constitución están de su lado. No importa cuántos pactos políticos suscriba Beatriz Paredes, o cuántas sanciones imponga la Iglesia católica, o cuántas reformas punitivas seas aprobadas por los congresos locales, nadie puede arrebatarle a las mujeres de México la justicia esencial de su causa. De nuestra causa.

Desplegado Televisa, Carmen Aristegui y Jenaro Villamil Responden A CADA ACUSACION DE TELEVISA

Los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil le dieron la bienvenida al comunicado que publicó en su contra la empresa Televisa, a causa de un artículo publicado en la revista Proceso.

Al recibir al reportero de la revista Proceso en su programa radial, Aristegui consideró que la reacción de Televisa contribuye al debate de temas de interés nacional.
Televisa estalló contra la revista Proceso, el reportero Jenaro Villamil y la periodista Carmen Aristegui, al acusarlos de calumnia por publicar y comentar el texto “Peña Nieto: Si yo fuera presidente”, que puede ser leído en la página de la revista Proceso.

Televisa acusa al reportero Jenaro Villamil de actuar por consigna para afectar a la empresa televisiva, en un desplegado publicado en la prensa nacional.

Denuncia que Aristegui, quien mencionó el reportaje en MVS Noticias, miente respecto a su salida de W Radio y sostiene que la separación de la periodista únicamente obedeció a que su noticiario no era rentable, ni plural.

Televisa refuta el reportaje publicado en Proceso.

Defiende que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, no ha desembolsado más de 800 millones de pesos en publicidad.

También presume su cobertura noticiosa, negando ocultar información en deterioro del mandatario.

Televisa rechaza que posea una estructura paralela de empresas espejo para ocultar información fiscal a sus socios.

Insiste en que la cobertura noticiosa de sus espacios no favorece a Peña Nieto, sino se basa en dar prioridad a la zona Metropolitana, por el alto índice demográfico que presenta.

Entrevista a Enrique Peña Nieto

El video de la entrevista apareció en Mayo de 2009, pero pasó practicamente desapercibido en los medios en México. Una búsqueda en internet, por ejemplo, no arroja ninguna nota de prensa mencionando ese detalle de la entrevista. Tal vez porque el sitio de internet de Univisión, donde se hospeda el video completo, no permite que nadie fuera de Estados Unidos y Puerto Rico pueda verlo. O tal vez porque simplemente no se quiso publicar en ningún medio.

Denise Dresser: Harakiri Panista (Suicidio Panista)

Como si fuera un samurái japonés, el PAN empieza a destriparse. A suicidarse. A armar la ceremonia del harakiri, del seppuku. A participar en ese ritual que entraña recorrerse el abdomen –de izquierda a derecha– con un sable. Y al igual que los guerreros de ataño, los panistas parecen haber tomado esta decisión ante la pérdida del honor, el reconocimiento de las ofensas cometidas, la captura por parte de las tropas enemigas del PRI. Decisión tras decisión, iniciativa votada tras iniciativa votada, los líderes de Acción Nacional demuestran que, en lugar de dar la batalla por retener el poder y usarlo mejor, han optado por matarse a sí mismos.

El proceso de cortarse el estómago comienza con la propuesta fiscal de Felipe Calderón. Aunque es un hecho indisputado que el Estado mexicano necesita mejorar la recaudación, es claro que el presidente y su equipo no logran elegir o instrumentar la estrategia adecuada para hacerlo. Al insistir en el impuesto para “el combate a la pobreza” junto con otros incrementos –en el peor momento dada la crisis– y sin proponer un plan más ambicioso de remodelación fiscal o racionalización del gasto, acaban en el peor de todos los mundos. Al repetir la misma táctica que usaron durante la presentación y negociación de la reforma energética, terminan en el mismo lugar: pagando todos los costos que el PRI les coloca. Se vuelven responsables de una medida altamente impopular mientras que el priismo cosecha sus beneficios. El PAN propone un incremento en los impuestos, que el PRI ahora usará para financiar su regreso a Los Pinos.
De allí el PAN pasa –como los samuráis– a vestirse de blanco, cenar su alimento preferido, escribir un poema sobre la muerte y elegir el instrumento afilado que se enterrará. Continúa con la ceremonia del suicidio al elegir a Luis Plascencia, el candidato de la continuidad, como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo hace, de nuevo, acompañando al PRI. Y aunque es comprensible que ciertos sectores del panismo no pudieran apoyar a Emilio Álvarez Icaza, quien por mérito debió haber ocupado esa posición, lo que va en contra de cualquier instinto de autopreservación o estrategia política es que el PAN no lograra escoger o apoyar a alguien más. Alguien con credibilidad en un grupo de más de treinta candidatos. Alguien que no fuera el delfín del desacreditado José Luis Soberanes. Alguien que no estuviera atado a Manlio Fabio Beltrones. Alguien capaz de empujar la remodelación urgente que la institución necesita para convertirse en un verdadero contrapeso. Si el PRI regresa a la presidencia –y todo parece sugerir que así será– al PAN le convendría un ombudsman independiente, combativo, capaz de señalar los abusos del priismo y sancionarlos. Pero en lugar de fortalecer los contrapesos incómodos para su enemigo, decide contribuir a su desmantelamiento.

El PAN se clava el sable con aún mayor profundidad cuando después de haber votado en contra de la Ley Federal de Derechos –que otorga privilegios fiscales a las empresas interesadas en incursionar en el mercado de la telefonía celular– sus senadores cambian de opinión y la aprueban. En la sesión del 30 de octubre, los panistas votan en contra de la exención y cinco días después deciden apoyarla, con tal de congraciarse con el principal beneficiario de la medida, el consorcio Televisa. Y aunque los senadores que reculan invocan el argumento de la promoción de la inversión y la competencia, no es suficiente para ocultar el viraje equívoco y autodestructivo. En el contexto actual, en el que se le pide a la población pagar más, el PAN se erige en protector de privilegios. Los contribuyentes tendrán que apretarse el cinturón, mientras el PAN lo ensancha para un poder fáctico que promueve todos los días a Enrique Peña Nieto en la pantalla de televisión.

El PAN persiste en abrirse el abdomen a la hora de aprobar el Presupuesto de Egresos. En un hecho insólito, los panistas en la Cámara de Diputados votan en favor del presupuesto, aun cuando el PRI ha logrado retirar la fiscalización a los recursos destinados a los gobernadores. Gobernadores mayoritariamente priistas que se dedicarán a construir libramientos carreteros inútiles con su nombre o el de su esposa. Gobernadores que usarán la bolsa millonaria de dinero que el PAN les dará, para después ganarle. Gobernadores con la capacidad de desviar los recursos federales enviados a los estados a una velocidad asombrosa, y sobre todo en periodos electorales. Logran hacerlo a través de pagos indebidos a personal no localizable, pagos a personal dado de baja o con licencia de goce de sueldo, erogaciones con fines distintos a los autorizados por la ley, recursos destinados indebidamente, pagos en exceso, compras innecesarias, obras y acciones que no atienden a la población en pobreza extrema, obras terminadas que no se encuentran en operación, falta de documentación probatoria, mala calidad de los materiales en la ejecución de las obras, pagos anticipados a proveedores sin recibir cuentas o servicios, entre tantas prácticas irregulares más, documentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Y el PAN acepta todo esto al aprobar la eliminación de candados sobre el gasto, argumentando puerilmente que “no tenemos nada que hacer sobre la fiscalización en los estados”. No satisfecho con la primera incisión, el panismo se corta una y otra vez.

Todos estos son actos suicidas. Actos encaminados a acabar con la prolongación del Partido Acción Nacional en el poder. Actos con los cuales los panistas van dándole armas a su enemigo para que gane las guerras por venir. Actos de rendimiento y sometimiento y claudicación. Sólo explicables porque el panismo cree en el suicidio ritual para escapar del pasado o del futuro. Sólo comprensibles si el PAN piensa –como los samuráis deshonrados– que ha manchado su nombre con actos de traición o corrupción. Sólo inteligibles si Felipe Calderón le ha pedido a su partido que se arrodille, porque no le preocupa que el PRI regrese a la presidencia tanto como la posibilidad de que AMLO quiera llegar a ella. Así, el PAN se apresta a apresurar la muerte en lugar de seguir peleando para que no ocurra de forma prematura. En el paso final del harakiri japonés, el guerrero que ya se ha desgarrado las vísceras extiende la cabeza para ser decapitado por alguien más. Y si todo sigue de la misma manera, a Acción Nacional le cortarán la cabeza en la próxima elección presidencial. Pero el PRI lo hará porque el PAN se lo pidió.

¿Qué hacer con Carlos Slim? (México, último país en velocidad de internet)

España anunció esta semana que brindará el servicio universal de Internet de un megabit con acceso gratuito a cualquier español que lo solicite a partir de 2011. Con esta medida, la Madre Patria se convierte en la quinta nación del mundo, junto con Estonia, Francia, Grecia y Finlandia, en decretar el acceso de sus ciudadanos a la Red como un derecho universal.

El hecho contrasta brutalmente con lo que sucede en México, donde aun pagando las tarifas más caras del mundo, 7 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a la Red. Peor aún, de los mexicanos que tienen la posibilidad de hacerlo, apenas 5 por ciento –uno de cada 20 mexicanos– tiene acceso a una banda ancha de un megabit. Para ver en toda su dimensión el drama del atraso tecnológico de México, basta decir que Corea, Francia, Suecia, Australia y Japón tienen una velocidad de banda ancha no de uno, sino de 100 megabits. Estados Unidos, España, Dinamarca, Noruega y Alemania lo tienen de 50 megabits. Y naciones como Polonia, Irlanda, las repúblicas Checa y Eslovaca, Grecia y Hungría, andan en los 20 megabits. El reporte 2009 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revela la pobre condición mexicana en un sector estratégico y fundamental para el desarrollo. En velocidad de Internet, ocupamos el último lugar entre los 30 países listados. El servicio de Red más rápido que se puede adquirir en México es de 4 megabits. Doce veces menos velocidad que los punteros. Más aún, el país que ocupa el penúltimo lugar en la lista, Turquía, ofrece poco más de 10 megabits. Dos veces más que México. Penoso, ¿no?

Y no es cuestión de invertir más o menos en tecnología. Si Telmex quisiera, lo podría hacer. Bastaría que el convertidor Wi Fi que ahora provee fuera no para un megabit, sino para 20 ó 30 megabits. Y el diferencial del costo es de unos cuantos dólares por el precio del convertidor.

Pero Telmex se niega a dar ese paso. Y a pesar de que el esfuerzo es mínimo –sólo el cambio del convertidor–, no lo hace porque eso mejoraría los sistemas de voz por Internet (VoIP), que no es otra cosa que una telefonía barata que desafiaría su otro monopolio, el de la telefonía fija. Además, facilitaría la proliferación de sitios, portales y blogs bajo sistemas rich media, que con menos costo y mayor libertad, competirían con el imperio de comunicaciones que pretende crear Telmex cuando se le autorice el triple play.

Pero los días de privilegios que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari le fabricó a Carlos Slim podrían estar contados. Y si Ernesto Zedillo y Vicente Fox no pudieron con el monopolio de “El Ingeniero”, el presidente Felipe Calderón podría no tener más opción que confrontarlo.

La otra posibilidad sería aceptar los designios de Forbes. Que Carlos Slim es el sexto hombre más poderoso del mundo y, por ende, el hombre más poderoso de México. No se le puede tocar. Un poder muy por encima de la voluntad de cualquier presidente en turno. La existencia de un Estado dentro del Estado.

El hecho está obligando al gobierno mexicano y al presidente Felipe Calderón a plantearse una pregunta: ¿Qué hacemos con Carlos Slim? Analicemos

Denise Dresser: Pacto para el “No”

Una democracia que no logra construir acuerdos. Un sistema político donde los partidos no tienen incentivos para la colaboración. Las reformas que México necesita no ocurren por la falta de consensos, es lo que se repite como mantra. Hace falta un gran acuerdo nacional, es lo que repite en foro tras foro. Hace falta un Pacto como el de la Mocloa, es lo que se propone en reunión tras reunión. Ese suele ser el diagnóstico común sobre lo que nos aqueja y lleva a la discusión sobre propuestas encaminadas a construir mayorías legislativas u otras medidas con el objetivo de crear un gobierno “fuerte”. Pero ante ese diagnóstico y esas recomendaciones me parece que estamos centrando la atención en el problema equivocado. México no está postrado debido a la falta de acuerdos o la inexistencia del consenso o la ausencia de mayorías. En México sí hay un acuerdo tácito entre políticos, empresarios, sindicatos, gobernadores y otros beneficiarios del statu quo. Pero es un acuerdo para no cambiar.

Es un pacto para el “no”. Para que no haya reformas profundas que afecten intereses históricamente protegidos. Para que no sea posible disminuir las tajadas del pastel que muchos sectores reciben, en aras de permitir la creación de un pastel más grande para todos. Basta con examinar las iniciativas presentadas, las reformas votadas, los nombramientos avalados, y las partidas asignadas para constatarlo. El paquete fiscal —aprobado por mayoría legislativa— no cambia las reglas del juego; tan solo va tras el contribuyente cautivo. El nombramiento del nuevo titular de la CNDH —aprobado por mayoría— no busca crear contrapesos, sino asegurar que no existan. La exención de impuestos a nuevos jugadores en telefonía celular —aprobada por mayoría— no busca fomentar la competencia sino hacerle otro favor a Televisa. La Ley de Egresos —aprobada por mayoría— no busca reorientar el gasto público para desatar el crecimiento económico, sino mantener su uso para fines políticos. En México todos los días se forman mayorías en el Congreso. Pero son mayorías que logran preservar en lugar de transformar. Mayorías entre diputados y senadores, forjadas por intereses que quieren seguir protegiendo, incluyendo los suyos. Por los poderes fácticos a los cuales hay que obedecer. Por los derechos adquiridos que dicen es políticamente suicida combatir. Por los privilegios sindicales que —con la excepción del SME— el Poder Ejecutivo no está dispuesto a confrontar. Por la presión de cúpulas empresariales que le exigen al gobierno que actúe, pero les parece inaceptable que lo haga en su contra, como en el tema de la consolidación fiscal o la promoción de la competencia. Muchos demandan reformas, pero para los bueyes del vecino. Más aún, cuando esas reformas ocurren en su sector, se aprestan a vetarlas. El país se ha vuelto presa de un pacto fundacional que es muy difícil modificar, porque quienes deberían remodelarlo viven muy bien así. Los partidos con su presupuesto blindado de 3,012 millones de pesos. Los empresarios con sus altas barreras de entrada a la competencia y sus reguladores capturados y sus diputados comprados y sus amparos y sus ejércitos de contadores para eludir impuestos en el marco de la ley. Los gobernadores con sus transferencias federales y la capacidad que tienen para gastarlas como se les dé la gana. El PAN temeroso a tocar intereses por temor a que busquen refugio con el PRI. Allí está, visible todos los días: el Pactum Nullus Mutatio. El pacto rentista, el pacto extractor, el pacto conforme al cual es posible apropiarse de la riqueza de los otros, de los ciudadanos. Y las élites de este país llevan décadas enriqueciéndose legalmente a través de aquello que los economistas llaman el “rentismo”. El rentismo gubernamental-empresarial-sindical- partidista construido a base de transacciones económicas benéficas para numerosos grupos de interés pero nocivas para millones de consumidores. El rentismo depredador basado en contratos otorgados a familiares de funcionarios públicos. La protección a monopolios y la claudicación regulatoria. El control de concesiones públicas por parte de oligarcas disfrazados de “campeones nacionales”. El pago asegurado a trabajadores del sector público al margen de la productividad. El uso del poder de chantaje para capturar al Congreso y frenar las reformas; subvertir a la democracia y obstaculizar el desarrollo de los mercados; perpetuar el poder de las élites y seguir exprimiendo a los ciudadanos. El problema de México es no la falta de acuerdos, sino la prolongación de un pacto inequitativo que lleva a la concentración de la riqueza en pocas manos; un pacto ineficiente porque inhibe el crecimiento económico acelerado; un pacto auto-sustentable porque sus beneficiarios no lo quieren alterar; un pacto corporativo que Felipe Calderón —a veces— critica pero cuyo gobierno no logra reescribir apelando a los ciudadanos. Y así como durante siglos hubo un consenso en torno a que la tierra era plana, en el país prevalece un consenso para no cambiar.

Denise Dresser: México Amurallado, la educación amurallada

México contra la pared. México atrapado por el muro infranqueable que la educación indefendible erige en torno a millones de mexicanos, víctimas de un sistema educativo que no le permite a México competir y hablar y relacionarse con el mundo. Víctimas de una escuela pública que crea jóvenes apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar. Educados para memorizar en vez de cuestionar. Entrenados para aceptar los problemas en vez de preguntarse cómo resolverlos. Educados para hincarse delante de la autoridad en vez de llamarla a rendir cuentas. Y ante la catástrofe conocida, lo que más sorprende es la complacencia, la resignación, la justificación gubernamental y la tolerancia social. Nuestra constante convivencia con la mediocridad, año tras año, indicador tras indicador, resultado desconsolador tras resultado desconsolador.

Si la educación es tan importante como todos dicen, ¿dónde está el clamor? ¿Cómo entender que tantos marchen para defender a un líder sindical privilegiado, pero nadie movilice a la sociedad para protestar contra una educación deficitaria? En México no hay una reacción suficientemente vigorosa por parte de los ciudadanos, precisamente por la baja calidad del sistema educativo; estamos tan mal educados que no sabemos lo importante que es la educación. Por ello se aprecia que la organización civil Mexicanos Primero elabore un reporte cargado de urgencia; una radiografía que debería ser una sacudida y un llamado a la acción; una convocatoria a patear y a derribar la pared; una intromisión inteligente y atinada en lo que siempre ha sido nuestro, de todos: el derecho a la educación.

Derecho cercenado por una historia de progresivo deterioro, por la inclusión tardía, por la reprobación, por la deserción; produciendo una generación herida, en la cual más de la mitad de los jóvenes mexicanos están por completo fuera de la escuela. Produciendo un país incapaz de construir trampolines para la movilidad social que permitan saltar de la tortillería al diseño de software. Donde la escolaridad promedio es de tan sólo 8.7 años, lo cual equivale tan sólo a segundo de secundaria y se vuelve razón fundacional de nuestro desarrollo trunco. Donde 56% de los mexicanos evaluados por la prueba PISA –la mejor métrica internacional– se ubican entre los niveles 0 y 1, es decir, sin las habilidades mínimas para afrontar las demandas de una economía que se enfrenta a un mundo globalizado. Cifras de una catástrofe; datos de un desastre; números que subrayan aquello que el escritor James Baldwin advirtió: los países no son destruidos por la maldad, sino por la debilidad, por la flojera.

O por la complicidad en la construcción de ese paraje feudal que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Paraje amurallado por el tipo de liderazgo que Elba Esther Gordillo tiene y cómo lo ejerce desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, prometiéndole apoyo al presidente en turno para que no tenga problemas con el sindicato. Para que no haya pleitos ni movilizaciones ni confrontaciones como las que hubo en Oaxaca o en Morelos. Gobierno tras gobierno –de la mano del SNTE– han concebido a la educación pública como una estrategia de pacificación, más que como un vehículo de empoderamiento.

¿Quiénes pagan el costo de la complicidad constante entre el gobierno y La Maestra? Seis de cada 10 alumnos que no concluyen secundaria con conocimientos básicos de matemáticas; cuatro de cada 10 que tampoco los obtienen en español. Y peor aún: millones de niños mexicanos coloreando figuras de héroes mexicanos muertos, memorizando historias de victimización, rindiéndole tributo al pasado antes de pensar en el futuro. Sobrevivientes de una educación construida a base de mitos que buscó producir una identidad nacional y vaya que lo ha logrado: México, el país que produce personas orgullosamente nacionalistas, pero educativamente atrasadas. México, el país donde en la escuela pública se aprende poco de ciencia, pero se aprende mucho de sometimiento; se aprende poco de tecnología, pero se aprende mucho de simulación; se aprende poco de álgebra, pero se aprende mucho de cumplimientos mediocres, negociaciones injustas y beneficios extralegales. México, el país donde, en la escuela pública, no se desata el sentido crítico o la autonomía ética o el empeño en el cambio social, sino una arraigada propensión a la conformidad.

México sólo prosperará cuando su gente esté educada, y muy bien educada. Y eso entrañaría, para empezar, reconocerlo y actuar en consecuencia, como exige el reporte de Mexicanos Primero. Urge derribar la pared mediante un cambio de actitud, un cambio en los maestros y un cambio en las reglas. Urge un conocimiento básico de la deplorable situación de la educación actual para poder reformarla, porque de momento tenemos lo que nos ofrecen y con eso nos conformamos. Urge mejorar a los maestros, porque ningún cambio puede hacerse sin o contra ellos, pero tampoco ningún cambio significativo puede dejar sin modificar profundamente la estructura institucional vigente, creada para un modelo autoritario y vertical, corporativo y opaco. Urge cambiar las reglas para que la educación no sea vista como un instrumento de ingeniería social del régimen o de reclutamiento electoral del gobierno, sino un trampolín para la prosperidad de los mexicanos.

Para modernizar a México habrá que comenzar por los maestros y quien los mueve. Habrá que empezar por el gobierno y sus cálculos políticos. Habrá que imbuirle a la actuación del secretario Alonso Lujambio el sentido de urgencia –y el fuego en la panza– que todavía le falta demostrar. Habrá que insistirle a Felipe Calderón que La Maestra puede ser una aliada, pero habrá que obligarla a actuar y a pactar de otra manera, con otros objetivos.
Porque si la respuesta de las autoridades sigue siendo la tibieza o la simulación, condenarán a México a ser un país cada vez más rezagado, cada vez más rebasado, cada vez más aletargado, cada vez más pobre. Porque si no se instituye un padrón único de maestros, si no se transforma la educación normalista, si no se crean sistemas de formación continua de profesores, si no se implanta la certificación periódica y obligatoria para los docentes, si no se involucra a la sociedad civil en una revolución educativa, México continuará siendo un país parapetado detrás de las excusas y el miedo y la tibieza y la renuencia de tantos a pagar costos políticos. Porque si el gobierno le permite a Elba Esther Gordillo obtener recursos y puestos y posiciones sin comprometerse a fondo con ese primer paso que es la “Alianza por la Calidad de la Educación”, Alonso Lujambio terminará siendo otro secretario de Educación Pública que prefiere añadir ladrillos, en lugar de dar la batalla por su destrucción en nombre de los niños de México. Y Felipe Calderón acabará convertido en otro presidente que prefiere apuntalar el muro en vez de desmantelarlo.

Denise Dresser: ¡Ya bájenle!

¿Sabía usted que, en este contexto de crisis económica, los partidos recibirán 3 mil 12 millones de pesos el año próximo? ¿Sabía usted que con esa suma se podrían incorporar 500 mil familias más al programa Oportunidades? ¿Sabía usted que esa cantidad es casi el doble de los recursos destinados a la reconstrucción de la red de carreteras federales? ¿Sabía usted que es poco menos del presupuesto total para todas las actividades culturales? ¿Sabía usted que es casi el doble de los recursos dirigidos a sistemas, exámenes y proyectos para la prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Sabía usted que es 1.5 veces el presupuesto total asignado a la producción de 230 millones de libros de texto que utilizarán 25 millones de estudiantes?

La numeralia de lo que cuestan y gastan los partidos revela un sistema político que, en aras de promover la equidad, ha producido una democracia de alto costo y bajo rendimiento; una democracia que gasta 224 pesos por voto cuando un país como Brasil sólo gasta cuatro; una democracia con partidos blindados ante los costos de la crisis, blindados ante los despidos de personal, blindados ante los planes de austeridad y los recortes presupuestales. Partidos a los cuales se les ha garantizado una bolsa enorme de dinero público que sólo crece con el paso del tiempo, porque su financiamiento está vinculado al padrón y no al desempeño. Hoy en México la democracia no significa igualdad de oportunidades para contender, sino igualdad de oportunidades para abusar.

Quizás por eso, como lo revela una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Gobernación, sólo 4% de la población confía en los partidos y sólo 10% piensa que los legisladores legislan en favor de sus representados. La población ve a partidos ricos, partidos que se niegan a rendir cuentas, partidos que se rehúsan a reducir gastos, partidos que en lugar de demostrar sensibilidad ante el imperativo de la crisis proponen ajustes en el cinturón de los otros. Partidos que canalizan el dinero público para pagar actividades poco relacionadas con el bienestar de la sociedad. Organizaciones multimillonarias que en lugar de transmitir demandas legítimas desde abajo, ofrecen empleo permanente a los de arriba. Agencias de colocación para una clase política financiada por los mexicanos pero impermeable ante sus demandas. Otorgándose –una y otra vez– salarios altos, fiestas fastuosas, viáticos inmensos, exenciones amplias, cónclaves partidistas en las mejores playas.

Cada día sale a la luz otro exceso de un sistema partidista que cuesta mucho y rinde poco. Allí está el despilfarro institucionalizado; el derroche legalizado. Ejemplo tras ejemplo del privilegio de mandar. Evidencia tras evidencia del privilegio más delicioso que es gastar el dinero ajeno. Ese dinero que pertenece a los habitantes de México y que es entregado con fines fiduciarios a través de los impuestos. Ese dinero que podría contribuir a tapar el boquete fiscal pero acaba pagando los privilegios de los partidos. Ese dinero que no les pertenece pero es usado como si fuera suyo. Y los partidos actúan así porque pueden. Porque las reglas han sido creadas para permitir y perpetuar ese tipo de comportamiento.

Hoy el país padece las consecuencias de una decisión fundacional que se ha vuelto contraproducente. La apuesta al financiamiento público dispendioso a los partidos como una forma de fortalecer la democracia está empeorando su calidad. Lo que funcionó –como resultado de la reforma electoral de 1996– para fomentar la competencia ahora financia la incontinencia. El subsidio público a los partidos resolvió entonces algunos dilemas, pero ahora ha creado otros, y muy graves.

Las reformas diseñadas produjeron partidos que son cárteles de la política y que operan como tales. Deciden quién participa en ella y quién no; deciden cuánto dinero les toca y cómo reportarlo; deciden las reglas del juego y resisten demandas para su reformulación; deciden cómo proteger su feudo y erigen barreras de entrada ante quienes –como los candidatos ciudadanos– intentan democratizarlo. Y el problema es que la solución al desfiguro del sistema político depende de los propios partidos. Depende de quienes se benefician del statu quo y no tienen incentivos para reformarlo. La solución a aquello que aqueja a la República está en manos de quienes contribuyen a expoliarla. Depende de quienes saben que el reto ya no es la equidad electoral, sino el despilfarro de recursos públicos y la ausencia de mecanismos fundamentales de representación y rendición de cuentas.

Por ello hoy muchas organizaciones y ciudadanos insistimos –como llevamos años haciéndolo– en la reducción del financiamiento público a los partidos en 50% y la revisión de la fórmula conforme a la cual los partidos reciben recursos públicos, para que se calcule no con base en el padrón electoral, sino con base en la participación de los ciudadanos en las elecciones. De esa manera, los partidos recibirían recursos en proporción al tamaño del voto que fueran capaces de obtener. Así, la propuesta contemplada contribuiría a mejorar sus métodos de reclutamiento, a mejorar sus propuestas de campaña, a hacerlos corresponsables de la calidad de la democracia mexicana.

Estos son cambios urgentes. Estos son cambios imprescindibles ante un andamiaje institucional que ya no es capaz de asegurar la credibilidad o la equidad o la confianza. Encuesta tras encuesta lo subraya: 50% de la población no cree en la democracia y sospecha de sus principales actores; más de la mitad de los encuestados afirma que los partidos políticos “no son necesarios” para el bien del país; 77% piensa que las elecciones “cuestan demasiado” y son “poco o nada útiles para informar a la ciudadanía”. Los ciudadanos contemplan y padecen elecciones competitivas pero demasiado caras. Partidos bien financiados pero poco representativos. Contiendas equitativas pero donde todos tienen la misma capacidad para gastar sumas multimillonarias. Un sistema para compartir el poder que beneficia más a los partidos que a los ciudadanos. Una democracia costosa para el país y onerosa para los contribuyentes que la financian.

Y ese seguirá siendo el caso hasta que los ciudadanos demanden –como lo estamos haciendo ahora– recortar el presupuesto para los partidos; hasta que los ciudadanos insistan en que si los partidos quieren tener la credibilidad suficiente para apretar el cinturón de los otros, necesitan comenzar con el suyo; hasta que los ciudadanos clamen “¡Ya bájenle!” y se sumen a la convocatoria en www.yabajenle.org.mx. Hasta que los ciudadanos acoten el privilegio de mandar.

Denise Dresser: Huevos Revueltos.

El reconocimiento a un presidente que reemplaza la cautela con el coraje, que sacude el doblegamiento con la decisión, que sustituye la administración de la inercia con una medida – como la liquidación de Luz y Fuerza del Centro — capaz de remontarla. Sin duda el presidente ha demostrado en días recientes la intención de combatir privilegios, confrontar cotos y desmantelar cuellos de botella que han retrasado la modernización de México.

Ahora le falta hacerlo consistentemente. Ahora necesita enseñar que los cojones tan celebrados están bien puestos, y que los usará para enfrentar intereses atrincherados dondequiera que estén: tanto en la izquierda como en la derecha; tanto en el mundo sindical como en el ámbito empresarial.

Porque si no lo hace, la confrontación con el Sindicato Mexicano de Electricistas terminará por ser una demostración de fuerza, más que un acto de buen Gobierno. Y hay una diferencia Sí, hay una diferencia entre decisiones oportunistas que se toman para cambiar la correlación de fuerzas en favor del Gobierno, y decisiones estratégicas que se toman para cambiar el balance de poder en favor de la ciudadanía. Hay una diferencia entre revivir el “Quinazo”, e inaugurar un nuevo tipo de relación entre los sindicatos públicos, el Gobierno y la sociedad.

Hay una diferencia entre empujar medidas que fortalecen momentáneamente la popularidad presidencial, y empujar acciones que fomentan de manera coherente el crecimiento económico. Hasta el momento, Felipe Calderón ha optado por lo primero, pero no ha sido capaz de transmitir lo segundo. Ha mostrado – como se dice coloquialmente – “tener huevos”, pero todavía son huevos revueltos o en algunos casos, tibios.

El presidente ha desplegado valor para cerrar una empresa ineficaz, pero no el suficiente como para impedir su simple absorción por parte de otro monopolio público con pocos incentivos para ofrecer un servicio mejor y más barato. El presidente ha tenido arrojo para confrontar a un sindicato que su Gobierno apapachó, pero no el suficiente como para explicar cuál será su posición ante otros sindicatos con prebendas similares. El presidente ha demostrado valentía para denunciar los abusos cometidos en contra de los consumidores, pero le falta hablar de los que se dan en tantos otros sectores. El presidente ha demostrado – por fin – la audacia para enarbolar la lucha contra los privilegios, pero le urge criticar los que gozan sus aliados en la élite empresarial.

Como el Gobierno ha sido incapaz de crear una visión consistente sobre su actuación, aún las decisiones necesarias se vuelven blanco fácil para la crítica. Como el gobierno no ha logrado construir una narrativa anticorporativa, su lucha contra el SME aparece como un pleito contra la izquierda. Como el Gobierno no ha buscado armar un frente antimonopólico, el llamado a fomentar la eficiencia liquidando a Luz y Fuerza genera menos credibilidad de la que debería. Y por ello, aunque acciones como la de LyF se tomen en favor de la modernización, son vistas como manotazos.
Aunque la decisión sea técnicamente correcta, es percibida como políticamente discrecional. Ante la impericia del gobierno para explicar por qué hace lo que hace, actos legítimos de autoridad se vuelven tan sólo gestos de arbitrariedad.
La única manera de remediar la confusión conceptual y política en la cual se halla Felipe Calderón hoy es a través de la consistencia. A través de decisiones guiadas por el imperativo de denunciar privilegios y combatir ineficiencias e impedir abusos a los consumidores, de donde provengan. En los monopolios públicos y en los monopolios privados; en la Compañía de Luz y Fuerza y en Telmex; en el Sindicato Mexicano de Electricistas y en el Consejo Coordinador Empresarial; en la provisión del servicio eléctrico y en la provisión de servicios financieros; en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios; en las cúpulas sindicales que compran ranchos y en las cúpulas empresariales que evaden impuestos; entre los líderes charros que chantajean al Gobierno y los oligarcas de la televisión que lo hacen también.

En pocas palabras, Felipe Calderón tendría que demostrar que la valentía desplegada no es una valentía selectiva. Tendría que convencer que el combate a los privilegios se llevará a cabo aún contra los de casa. Tendría que enseñar que está desmantelando al viejo régimen y no sólo liquidando a trabajadores políticamente incómodos. Si no vincula la audacia aplaudida con la visión auténticamente reformista, la oportunidad que ha abierto con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro será una oportunidad desperdiciada. En lugar de preparar huevos bien cocidos, servirá tan sólo huevos mal revueltos.